Por: Omar Restrepo.
Empresas Públicas de Medellín (EPM) ha sido, históricamente, un baluarte del servicio público en Colombia. Como Empresa Industrial y Comercial del Estado 100% pública, EPM representa un modelo de eficiencia y responsabilidad social que otros entes deberían emular. Sin embargo, el futuro de EPM se ve amenazado por una iniciativa liderada por Luis Guillermo Vélez, concejal del Centro Democrático, y Gabriel Jaime Velásquez, vicepresidente de Asuntos Legales de EPM. Esta propuesta busca modificar el gobierno corporativo de la entidad, lo que podría estar abriendo la puerta a la inclusión de capital privado y, eventualmente, a su privatización.
Los defensores de esta propuesta argumentan que la gestión del exalcalde Daniel Quintero puso en riesgo la estabilidad de EPM, justificando así la necesidad de «blindar» la empresa de futuras decisiones políticas. Esta narrativa, aunque podría parecer razonable, esconde una estrategia que facilita la apertura de EPM al capital privado. Vélez, en una columna publicada en El Colombiano en noviembre de 2023, reconoció que la idea de permitir capital privado es políticamente impensable debido al fuerte vínculo emocional de los ciudadanos con una EPM completamente pública. Sin embargo, su reconocimiento no implica un desacuerdo con la propuesta, sino una admisión de su impopularidad.
La normativa actual, bajo el artículo 27 de la Ley 142 de 1994, sitúa al alcalde de Medellín como presidente de la Junta Directiva de EPM, con la facultad de nombrar al gerente general y a los demás miembros de la Junta. Cualquier modificación en las condiciones estatutarias, políticas de dividendos o acuerdos de funcionamiento requiere la aprobación del Concejo de Medellín. Además, un Convenio Marco de Relaciones, conocido como «Convenio de Gobernabilidad», regula la interacción entre el propietario (el Distrito) y EPM, garantizando principios y obligaciones específicos.
La comisión que impulsa este proyecto de acuerdo, conformada además por representantes de la Secretaría General de la Alcaldía, busca implementar un procedimiento meritocrático para la designación de cargos directivos. Si bien la meritocracia es un valor deseable, en este caso, se estaría utilizando como fachada para una agenda más preocupante: la privatización encubierta de EPM.
Es crucial que EPM mantenga su estructura pública. La incorporación de capital privado no solo pondría en riesgo su misión social, sino que también podría desencadenar un proceso de privatización que desnaturalizaría su propósito original. Hago un llamado al Concejo de Medellín y a todos los actores involucrados a actuar con transparencia y en defensa de los intereses públicos. Es esencial evitar cualquier medida que comprometa el carácter público de EPM, una entidad vital para los ciudadanos de Medellín y de Colombia.
EPM no solo representa un modelo de gestión eficiente, sino también un símbolo de la capacidad del sector público para ofrecer servicios de calidad y generar bienestar. Permitir su privatización, directa o encubierta, sería un golpe a la confianza de los ciudadanos en sus instituciones públicas. Por ello, debemos defender con firmeza su carácter público y garantizar que cualquier cambio en su gobierno corporativo esté orientado a fortalecer, no a debilitar, su misión social.